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Reforma federal en dirección al desarrollo

José Armando Caro Figueroa

“Es imposible lograr mejores políticas sin entender primero los mitos subyacentes tras las malas políticas y sin contar con las ideas necesarias para avanzar», afirma la economista ítalo-estadounidense Mariana Mazzucato, en su libro «Misión Economía. Una guía para cambiar el capitalismo».

La sabiduría popular aconseja rehuir de las comparaciones tildándolas de «odiosas». Sin embargo, cuando de economía y de bienestar colectivo se trata, las comparaciones son imprescindibles para saber si avanzamos o retrocedemos.

Algunos de nuestros economistas ilustrados del pasado siglo XX han calculado que Salta, para llegar al nivel de desarrollo que muestra hoy la provincia de Córdoba, necesita 100 años, siempre y cuando crezca al 6% anual (o sea, el doble de nuestra performance más reciente).

Sucede que nuestros seculares niveles de pobreza, de precariedad urbana, de hacinamiento y de deficiente calidad de los servicios esenciales son tan altos que solo un esfuerzo titánico en materia de calidad institucional, producción, productividad e inversiones podría acelerar la convergencia de Salta (y por extensión del Norte Argentino) con las sociedades más avanzadas del Litoral.

De mantenerse las actuales tendencias y formas de producir, retribuir y gobernar, solo cabe esperar nuevas décadas perdidas.

Seguiremos produciendo pobres, asentamientos, malestar y exclusiones. Los oasis productores de ricos y de riqueza seguramente se mantendrán sin lograr conducir a Salta a un nuevo ciclo de esplendor.

Para salir de esta encerrona (que dura ya demasiado) hacen falta muchas y profundas reformas. Comenzando por las reglas electorales que distorsionan la voluntad general, y siguiendo con las rutinas que privan de independencia y calidad científica al Poder Judicial.

 Necesitamos, además, transformar nuestras vetustas estadísticas que, a mi modo de ver, no logran reflejar la magnitud de la decadencia ni la trayectoria colectiva de Salta y eluden -por «odiosas»- comparaciones con otras regiones.

Es encomiable, en este sentido, la aportación de Jorge Paz, mostrando la relación entre educación y pobreza, que debería abrir un debate en el seno de la comunidad educativa local y de nuestro Consejo Económico y Social.

Pero la reforma más urgente e importante es aquella que tiene que ver con el modo de inserción de Salta (sus trabajadores, sus productores, sus pensadores) en la Argentina, en la Región y en el mundo.

Pese a que muchos salteños a lo largo de la historia lucharon por el federalismo, la autotomía y la integración regional, hoy padecemos las consecuencias del centralismo unitario tolerado de manera vergonzante por quienes nos gobiernan y gobernaron en las últimas décadas. Soy de los que piensan que las ideas federales y su lenguaje han ido degradándose, empobreciéndose, hasta confundir federalismo con provincianismo o postureo independentista.

Están bien nuestras tradiciones, nuestros símbolos, nuestro calendario para honrar a los héroes pasados. Está bien viajar a la metrópoli «buscando soluciones» (entiéndase: subsidios y ayudas que dependen de la buena o mala voluntad de los ocupantes de la Casa Rosada). Podemos, si el tema encuentra lugar en la agenda nacional, hablar de coparticipación de impuestos. Podemos incluso, de rato en rato, escenificar el Norte Grande o apelar a bravuconadas y desplantes.

Pero nada de esto alcanza. El ideario federal de Salta reclama la integración del Norte Argentino como una unidad política y económica, al estilo de la que están intentando los patagónicos. O sea, una integración alrededor de un programa común de desarrollo e integración que haga realidad la autonomía de la región en materia de economía productiva, trabajo decente, comercio local e internacional y gestión de los recursos naturales. Es casi grotesco concurrir al Pacto de Mayo sin lograr que el eventual acuerdo contenga garantías de federalismo, integración y desarrollo.

Salta presenta grandes déficits en materia de infraestructura de transporte (ferroviario, carretero), comunicaciones (conectividad), recursos hídricos y energía. Suponer que estas carencias serán cubiertas por la iniciativa privada en las actuales condiciones económico-financieras de la Región Norte, es ignorar las reglas capitalistas que motorizan a las empresas ejecutoras de las obras. A todo lo cual se suma el notorio déficit de transparencia y buena gestión sobre el que muchos prefieren no hablar para no incomodar.

La defensa de determinados estándares (por ejemplo, estándares ambientales -bosques, biodiversidad, aguas-, o de empleo decente) no puede verse solo como banderas de ambientalistas, sindicalistas o laboralistas. Dichos estándares, en virtud del nuevo orden jurídico internacional de los Derechos Fundamentales, son y serán de obligada observancia por los países y los actores económicos y sociales., y están bajo la vigilancia de organismos internacionales que bregan para imponerlos como condición para el comercio exterior, como bien lo explica Marcelo Elizondo. En este sentido, se equivocan los paisanos y allegados que sueñan con un capitalismo depredador, salvaje y regido por el derecho romano.

publicado en El Tribuno, 30/4/2024

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