El cadáver de un joven de catorce años en el asfalto, abatido por un policía vecino a quien había tratado de sustraerle la moto; su velorio y ornamentación fúnebre; y su “despedida tumbera” hacia el cementerio. Tres postales del uso adolescente e infantil del delito en el Gran Buenos Aires. Cada una, con abundante información sobre las torsiones de la marginalidad social durante los últimos años.
En el primer caso, el saldo de tres generaciones desconocedoras del trabajo: la pulverización de las familias que no hizo más que descender la edad del ingreso en el consumo de estupefacientes y el delito. Un caso elocuente fue el del chico que declaró haber abrazado las artes del robo por la condición de tener una causa judicial impuesta por sus vecinos para poder jugar al futbol en la plaza del barrio. También, que el padre del occiso estuviera preso por haber matado a otro policía federal.
El estallido de los grandes clanes afianza a las bandas como instancia socializadora de normas, prácticas, lenguajes, y creencias compartidas cuyo incumplimiento se paga con la vida. Esa etapa corta y heroica cuyo fin transporta a una existencia en la que imperan los más fuertes, crueles, astutos e implacables sometiendo a servidumbre a los cobardes que optan por la ley, el trabajo y el estudio. Y que, en la batalla cotidiana por la supervivencia, no merecen ni respeto ni clemencia.
El mundo de las bandas es heteróclito: las hay familiares cuyos jefes, libre o detenidos, enseñan los oficios trasmitidos transgeneracionalmente; y que sirven de refugios a decenas de niños y jóvenes desheredados en fuga de la violencia de sus hogares. Desde las cárceles, sus parientes manejan los negocios y planifican las operaciones calculando con frialdad y distancia la información que les traen policías o personal del servicio penitenciario. Intermediarios que cobran sus comisiones y ofrecen el soporte de abogados, dirigentes políticos y barrabravas.
Pero la subcultura de la marginalidad constituye una pedagogía que inspira a muchos desafiliados a organizarse por sí mismos capitalizando su cotización por los delegados del poder o las bandas más organizadas. Los usan como valiosos auxiliares dada su crueldad y disposición a las tareas más riesgosas “en piraña” con tal de hacerse conocer en las cámaras de vigilancia vecinal y aumentar su reputación en los mercados delictivos.
Abundan más en la zona sur y oeste en donde la pobreza de sus vecindades determina botines más módicos y un ritmo más vertiginoso y pletórico de torturas y golpes inquisidores. En la norte, el oficio demanda de más organización e inteligencia proporcionales a la estimación de su botín y a los mayores controles e iluminación.
Un escruche, por caso, requiere de información trasmitida por trabajadores domiciliarios ocasionales que estudian como ingresar; y diseñan planos y fotos sobre los sitios posibles de escondite de joyas o dinero.
La conexión con los capos detenidos es más orgánica y se conjugan con diversas estafas, transferencias de fondos a billeteras virtuales e ingeniosas extorsiones. En ambas, su principal vía de promoción son las redes sociales: allí exhiben orgullosos sus armas y vehículos, y alardean sus proezas festejados por miles de seguidores y seguidoras. Muchas terminan siendo las madres de niños que luego reciclan sus trayectorias.
Las bandas configuran una mutante red de núcleos habitacionales desde donde controlan sus territorios y los accesos a barrios. Durante periodos de emergencia, los blindan con barricadas diseñadas con chasis quemados, volquetes o materiales de demolición. Entonces, ponen en acción la franquicia ordenada por sus “códigos” apropiándose de todo lo que necesitan: desde refugios en casas de vecinos “giles” –trabajadores decentes- hasta sus vehículos y alimentos.
Es lo que ocurre cuando alguno de sus capitos resulta ultimado. Todos son forzados a movilizarse para marchar en las grandes arterias incendiando gomas, patrulleros abandonados por efectivos emboscados; e incluso intentando quemar comisarias; y de paso expedientes comprometedores. Una vez devuelto el cuerpo del occiso, urge salir a redoblar el robo de motos; insumo indispensable de la “despedida tumbera” hacia el cementerio.
El ataúd se convierte en una reliquia que anticipa la ornamentación de su tumba. El “santito” se lleva armas, cadenas de oro, anillos, relojes, dinero, botellas de bebidas alcohólicas, drogas; pero por sobre todas las cosas, su gorra. La saga culmina al día siguiente cuando cientos de motos se ponen en marcha; muchas conducidas por mujeres. Fenómeno revelador de otra torsión cultural: la centralidad de las madres, tías o hermanas que, sin perjuicio de changas formales, distribuyen la caja de los botines y organizan las operaciones a escala local.
Así cierra el círculo de los embarazos adolescentes de sus harenes en las redes sociales. En su trayecto de varios kilómetros hacia la morada final, los motoqueros redoblan sus “cortes” que imitan tiros conjugados por balazos verdaderos arrojados al aire. Muchas motos son “reventadas” e incendiadas para que “ñeri” caído pueda seguir montándolas en las calles del trasmundo. Tres postales de un mismo episodio reproducido varias veces en la cotidianeidad del GBA; y el corolario de la degradación sociocultural de los últimos años. El barrio del malogrado se llama “La Fe”; denominación evocativa de una sociedad extinta. La actual es más verosímil en la consigna póstuma de sus allegados: “Vuela alto guachín, te robaste el cielo”.
publicado en Clarín, 17/3/2026
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