Club Político Argentino

“Justicia por mano propia”: en ascenso

Jorge Ossona

Hay una saga poco perceptible del clima de inseguridad en el GBA. Solo de vez en cuando, los medios exhiben algunas postales de lo que genéricamente se denomina “justicia por mano propia”. Un fenómeno que se disemina silente por una de las reglas tácitas de sus ejecutores: no convocar a los canales televisivos para no interferir en la calidad de operaciones; a esta altura, sistemáticas. Reacción natural de un tejido social en carne viva al caducar sus canales de representación territorial; y que sin los antiguos referentes, ha debido a reorganizarse para sobrevivir ante varios flagelos acechantes. Entre otros, la marginalidad delictiva.

No es fortuito que sus inspiradores sean mayormente jóvenes diestros en el manejo de las tecnologías de geolocalización. Tampoco que sus pioneros hayan sido motoqueros de las aplicaciones de delivery y remisería conectados entre sí en grupos de whatsapp. Allí entretejen redes de alerta siempre dispuestas para la acción mancomunada de decenas de móviles en procura de recuperar los vehículos robados en santuarios “picantes”. Y eventualmente, batirse con las “pirañas”; mano de obra diestra e implacable de grandes organizaciones dedicadas al robo de vehículos con terminales en los desarmaderos. La impiedad está rebotando; con lo que, acorralados, suelen entregar el botín y batirse en fuga antes de toparse con su voluntad justiciera.

La subcultura se capilarizó en los barrios; y hoy escruta a miles de vecinos ante la acción sospechosa de “sogueros” en horas de llegada o salida laboral o escolar. Justo cuando el menú de estupefacientes se acaba y es necesario dotarse de reservas ni bien retorne la noche. Lo que se juega no es poco: la vida de adultos mayores o de sus hijos niños y adolescentes; bocados dilectos de los nuevos malandras que suelen ser conocidos ex amigos hasta su caída en las garras de la “pasta base”.

La acción requiere de información sobre las cuadrículas policiales, sus zonas geográficas, el estado de los patrulleros, la identidad del personal de calle de turno y su eventual complicidad con las bandas. Vecinos de la fuerza, ajenos a la ilegalidad de las zonas liberadas, constituyen un elemento estratégico al reconocer los puntos ciegos en pasillos y calles de tierra en donde los ladrones se escabullen; y sobre la que apuntan las acciones punitivas.

Sus postales son análogas. Un “rastrero” –frecuentemente, menor de edad- capturado en el barrio o en fuga es juzgado por pequeñas multitudes próximas a la comisión del delito. Luego, se le aplican los castigos de rigor apuntando a humillar la sensibilidad de su escala valorativa. Suelen desnudarlos lanzando a continuación patadas, trompadas, cinturonazos, y eventuales empalamientos. Hombres y mujeres participan en la ejecución del escarnio. Luego, se los ridiculiza ordenándoles entonar canciones infantiles, confesiones o insultos auto inculpatorios. Una, bastante difundida, consistió en hacerle cantar el Himno Nacional para detener los golpes: no sabían la letra.

De todos modos, hay una regla tácita de las operaciones: en lo posible, no matar; optando por terminarlas atando al “sarna” desfigurado a un poste callejero hasta la llegada de la policía. Todo, obviamente, filmado y difundido en videos con la debida identificación de su nombre y apellido y su barrio originario. Luego, se evoca la acción en pasacalles o carteles que redoblan la información; aunque se las retira en no más de 48 hs. No es óbice como para que a veces no caiga alguno que resiste: termina tirado en un descampado o zanja catalogado como “muerto en riña callejera”.

Durante los días siguientes, la tensión ante eventuales represalias diluye los conflictos intervecinales y familiares generando una sensación de satisfacción reparadora. Aunque solo temporal y contradictoria cuando el dispositivo moral implota en las redobladas rencillas internas. No se trata de “comandos de la muerte” ni de fuerzas de choque sino más bien de una disposición colectiva siempre lista para entrar en acción. Y cuyas raíces empalman con varias descomposiciones socioculturales e institucionales.

A la de los armados territoriales montados desde los 80, se le suma el descontrol de miles de adolescentes para los propios dealers o bandas profesionales que comprometen la eficacia recaudatoria en las zonas libres. También, el clima de inquietud en la policía, la tensión entre los ingresos suculentos de los efectivos venales asociados al poder y aquellos comprometidos con su cometido institucional de bajísimos salarios, móviles escasos y moral diezmada por la “puerta giratoria” de los delincuentes protegidos en cuya captura se juegan la vida. Y la pugna entre las autoridades provinciales y municipales en torno menos de la gestión de la fuerza – los intendentes ya la tienen en las promociones, el nombramiento de comisarios, diseño de las cuadrículas, etc.- que de su caja para transferir a nivel local la compra de indumentaria y logística. En síntesis, una sociedad que se defiende como puede frente a un ordenamiento político –el conjunto PBA-GBA- disfuncional. El riesgo de esta modalidad ilegal de autodefensa es su potencial torbellino de pasiones que por error o malicia inducida, pueden poner en riesgo la vida de personas inocentes. Y que suelen, como se probó en otros países de América Latina, constituir una oportunidad para la sofisticación del crimen organizado por encima de las propias bandas prebendarías del Estado mafioso.

publicado en Clarín, 28/9/2026