Club Político Argentino

Basta de avasallamiento institucional

21 de enero de 2010

Es necesario preservar al Banco Central evitando un nuevo INDEC

El intento del Poder Ejecutivo Nacional de disponer, mediante un DNU de las reservas del Banco Central para constituir el denominado Fondo del Bicentenario y la tentativa posterior de remover al presidente del BCRA han generado un grave conflicto político. Ambos procedimientos configuran un inaceptable avasallamiento del PEN a prescripciones constitucionales y legales. El suceso profundiza el proceso de degradación institucional resultante del modo de ejercer el poder de la pareja presidencial.

Esta conducta cuestiona tanto la forma como el fondo del proceso de toma de decisiones en una democracia representativa regida por la división de poderes y amenaza poner en riesgo la convivencia social, la gobernabilidad del país e, incluso, el patrimonio de todos los argentinos.

Durante buena parte de nuestra historia los argentinos hemos pagado muy caro las consecuencias de este sistemático desdén por las instituciones, que está entre las causas profundas de nuestra declinación económica secular y de la creciente anomia que amenaza el funcionamiento de nuestra sociedad. Esta enraizada fragilidad institucional, al generarle una enorme incertidumbre a familias, empresas y otros actores económicos, ha sido asimismo una de las razones de nuestra propensión sistemática a la inestabilidad macroeconómica. A pesar de sus promesas electorales, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hicieron poco y nada por revertir esta situación. Por el contrario, con el correr del tiempo fueron acentuando progresivamente su falta de respeto por la institucionalidad democrática y los límites que ésta impone al ejercicio discrecional del poder.

Así, las indebidas interferencias del Poder Ejecutivo afectaron en diferentes ocasiones el funcionamiento del Congreso, del Poder Judicial, de diversos órganos encargados de su supervisión y control (SIGEN, AGN, etc.) y se extendieron incluso a un organismo técnico clave como el INDEC, privando a la sociedad del derecho a la información y a la propia política económica de una guía insustituible.

Ahora le llegó el turno al Banco Central, que pareciera haberse convertido en un escollo a las pretensiones del gobierno de gastar sobrepasando cualquier restricción presupuestaria. En efecto, la Carta Orgánica del Banco establece que, en el diseño y ejecución de la política monetaria, éste no recibe instrucciones del Poder Ejecutivo y que, para la remoción de su presidente, el Ejecutivo debe contar con el parecer de una comisión legislativa bicameral que dictamine si se ha incurrido o no en el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Vale decir, consagran la independencia de la autoridad monetaria. La normativa vigente debe ser respetada. No hacerlo viola las normas legales vigentes e introduce un factor de peligrosa imprevisión para los agentes económicos -y para la sociedad en su conjunto.

Pero esto no es todo. Desde el punto de vista de la política económica, la separación tajante de las hojas de balance de la Tesorería y de la autoridad monetaria tiene la finalidad de brindar a la economía un ancla nominal para la formación de expectativas y la celebración de contratos asegurando así la estabilidad macroeconómica. Esa separación exige una clara división del trabajo entre agencias del gobierno. La independencia del Banco Central no es condición sine qua non de esa separación, pero ciertamente la facilita.

Por cierto, esto no quiere decir que la autoridad monetaria no deba coordinar sus acciones con el resto de la política económica, pero sí que debe evitarse a toda costa la reiteración de situaciones potenciales de subordinación de la política monetaria a las necesidades del fisco, como por ejemplo la posibilidad de recurrir en forma sistemática a la emisión monetaria para financiar los desequilibrios presupuestarios. En el pasado, las situaciones de dominancia fiscal sobre la política monetaria han sido fuente de numerosos episodios de inestabilidad inflacionaria, un drama que la sociedad argentina experimentó por varias décadas.

No hay de nuestra parte una oposición meramente formalista al uso de las reservas para el pago de la deuda. Pero el contexto y los procedimientos a través de los que ello podría hacerse claramente importan, y mucho. Existen, de hecho, varias soluciones técnicas que permitirían contar con mecanismos de financiamiento alternativos sin violentar la Carta Orgánica del BCRA y, de paso, sin exponer sus cuentas al embargo potencial de los denominados “fondos buitre”.

Las reservas internacionales en poder del Banco Central no son patrimonio del gobierno. Reflejan en todo caso el exceso de ahorro sobre la inversión de la economía en su conjunto (en otras palabras, su superávit de cuenta corriente). Para hacerse de ellas la Tesorería debe entregar recursos genuinos a cambio –no un papel intransferible a pagar “a los premios”. Hacerlo de otro modo equivale a emitir para financiar los desbalances del fisco, lo que podría erosionar aún más el frágil respaldo que los argentinos otorgan a la moneda nacional. El primer paso de una solución genuina es, por lo tanto, colocar la política fiscal en una trayectoria de largo plazo sostenible. Ha sido precisamente la negativa a ajustar la ecuación de ingresos y gastos del fisco la razón de este intento de apelar a recursos extrapresupuestarios y la fuente última de la incertidumbre que mantiene alejada a la Argentina de los mercados voluntarios de financiamiento.

Por supuesto, ninguna nación va al default simplemente por preservar la independencia del Banco Central o el stock de reservas en su poder. Pero así planteada la cuestión, se está en presencia de un falso dilema. Luego de la crisis financiera global, la mayoría de las economías de la región ha recuperado su acceso al financiamiento. Si nosotros no lo hemos hecho es, precisamente, por la falta de rumbo de la estrategia económica oficial. Ésa y no otra es la razón que nos impide beneficiarnos de un contexto global claramente favorable a economías con una dotación de factores como la que poseemos.

Es por ello imperioso que vuelva a haber una gestión profesional de nuestra política económica. Debe recuperarse cuanto antes el compromiso con la disciplina fiscal abandonado en el último trienio. También es urgente reconstruir el sistema estadístico nacional, bajar la inflación, revitalizar el desfalleciente mercado de capitales -que terminó de desarticularse con la apropiación gubernamental del stock de ahorros previsionales- y desmantelar la maraña de subsidios discrecionales en que se convirtió la política de precios e ingresos.

Pero, antes que nada, debe evitarse que la mala praxis de la gestión económica oficial se extienda a la política monetaria, que todavía –más por la existencia de un importante stock de reservas que por la consistencia de su diseño – opera como el último ancla de estabilidad remanente en el sistema. En otras palabras, debemos impedir que se transforme al Banco Central –una de las pocas organizaciones del Estado que respeta todavía cierta meritocracia y atesora una razonable expertise profesional- en un nuevo INDEC.

Aunque lo ocurrido inevitablemente dejará secuelas, el gobierno aún tiene la posibilidad –y el deber- de minimizar los costos de este episodio. Para ello el CPA reclama:

· La derogación inmediata de los DNU 2010/09 y 18/10.

· La convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, para acordar un mecanismo de financiamiento alternativo que permita hacer frente al pago de la deuda pública sin avasallar la autonomía del Banco Central y sin exponer sus cuentas al eventual embargo de los denominados “fondos buitre”.

Es crucial reencauzar el conflicto por carriles institucionales. De lo contrario, no sólo sufrirá la economía del país. También seguirá deteriorándose la calidad de nuestra aún incompleta democracia.

Por el Club Político Argentino:

Henoch Aguiar, Segundo Campos, Antonio Camou, Marcelo Cavarozzi, Roberto Guareschi, Claudia Guebel, Gabriela Ippolito-O’Donnell, Victoria Itzcovitz, Héctor Ricardo Leis, Federico Merke, Daniel Muchnik, Carlos Mundt, Guillermo O’Donnell, María Matilde Ollier, Vicente Palermo, Luis Rappoport, Luis Alberto Romero, Guillermo Rozenwurcel, Gabriel Salvia, Juan Tokatlián, Carlos Zurita,… siguen firmas de adhesión.

Aclaración: Este documento es el resultado de una reflexión del CPA. El texto recoge un consenso de carácter general y, por lo tanto, conviene precisar que no necesariamente cada uno de los signatarios comparte plenamente cada afirmación. Distintos miembros del CPA le habrían dado mayor peso a algunos aspectos puntuales y los habrían formulado de un modo ligeramente diferente. Sin embargo, todos coinciden en considerar que este documento refleja un amplio acuerdo entre nosotros y, por ello, cada uno se hace responsable y asume su contenido fundamental.