Club Político Argentino

Declaración del CPA – El Procurador General de la Nación y los Fiscales Deben Ser Autónomos de las Mayorías Coyunturales

Martes 18 de mayo de 2021

El intento del oficialismo nacional por aprobar una ley que reforma al Ministerio Público Fiscal busca subordinar al Procurador General de la Nación y a los fiscales federales y nacionales. La esencia del proyecto es facilitar al oficialismo la designación y remoción del Procurador, permitiendo que la actual mayoría senatorial(y las futuras también) controlenun órgano que la reforma constitucional de 1994 definió como “independiente”, y“con autonomía funcional y autarquía financiera”.

El punto central de la reforma, entre otros que apuntan en el mismo sentido, es reducir la mayoría senatorial necesaria para designar al Procurador, de los actuales dos tercios de los miembros presentes, a la mayoría absoluta. Tal reforma implica la diferencia entre un Procurador políticamente independiente (porque su designación requeriría un acuerdo entre el oficialismo y una proporción importante de los senadores opositores)y uno que virtualmente sería un subordinado de la mayoría senatorial de turno (lo cual hoy significa el bloque del Frente de Todos,comandado por el formoseño José Mayans).

El Club Político Argentino rechaza la reforma propuesta por ser gravemente perjudicial para los equilibrios institucionales consagrados en nuestra Constitución y, además, observa con profunda preocupación que se la priorice en un momento en que el país enfrenta gravísimos problemas. La Argentina es una de las naciones que peor desempeño económico ha tenido en los últimos dos años (y también en los últimos 10 y 50 años), sufre de una altísima y creciente tasa de pobreza, presenta una de las inflaciones más altas y persistentes del planeta, y en la actual pandemia se ha encaramado cerca del podio global en cantidad de contagiados y muertos per cápita. Que en estas dramáticas circunstancias el gobierno nacional emplee buena parte de sus recursos políticos y legislativos en la reforma del Ministerio Público Fiscal confirma la sospecha de amplios sectores de la sociedad: que la prioridad central del Presidente Fernández y la Vice-presidente Fernández de Kirchner es enlentecer, entorpecer y eventualmente desactivar las numerosas causas judiciales que enfrentan actuales y anteriores funcionarios y funcionarias.

La ley que se pretende aprobar debe ser entendida como parte de una estrategia más amplia, que incluyó la reforma judicial lanzada el año pasado y que se manifiesta también en las frecuentes diatribas lanzadas desde el gobierno nacional contra jueces no subordinados, e incluso contra la propia Corte Suprema de Justicia.

El mundo enfrenta hace varios años años una ola de retroceso democrático. Está caracterizada no por repentinos golpes o autogolpes, sino por oficialismos elegidos democráticamente que gradual pero persistentemente erosionan “desde adentro” las instituciones más básicas de la vida republicana y democrática: la libertad de expresión, la división de poderes y la independencia judicial. Llamamos a los Diputados Nacionales a que impidan que la Argentina avance en esa dirección. El destino último del viaje es el autoritarismo, del que el país se libró (ojalá para siempre) en 1983.