Club Político Argentino

Basta de Provincias “con Dueño”:La República no puede Admitir la Reelección Indefinida

Miércoles 30 de octubre de 2024

El 10 de diciembre de 1983 la Argentina y todas sus provincias recuperaron la democracia. Al poco tiempo, sin embargo, en algunas de estas últimas emergieron gobiernos de cariz autoritario, como el de los Saadi en Catamarca y el de Carlos Juárez (y su esposa) en Santiago del Estero. Ambos fueron desalojados del poder vía intervención federal, luego de los asesinatos, vinculados al poder local, de María Soledad Morales y de Leyla Nazar y Patricia Villalba, respectivamente.

Se trata de provincias “con dueño”, donde la generosa coparticipación federal permite a sus gobernantes dominar la economía provincial y, en última instancia, hegemonizar la política. Los síntomas son claros: reelecciones indefinidas, alternancias entre hermanos o cónyuges, supermayorías legislativas y cambio frecuente de las leyes electorales en favor del oficialismo. San Luis con los hermanos Rodríguez Saá, Santa Cruz con los Kirchner, o, de nuevo y bajo otro matrimonio, Santiago del Estero con Gerardo Zamora, son claros ejemplos.

Nadie ha superado, sin embargo, a Gildo Insfrán, que cuando concluya su actual mandato habrá estando en el poder por 32 años consecutivos (y 40 si contamos sus dos períodos como vicegobernador). El politólogo Adam Przeworski constató empíricamente que “ningún país en el que un partido gana 60% de los votos en dos elecciones consecutivas es una democracia”. Bien, el Justicialismo formoseño ha sido reelecto diez veces desde 1983, las ocho últimas con Insfrán como candidato, y las seis últimas con el 70% o más de los votos. Y no precisamente porque Formosa sea un paraíso de desarrollo, bienestar, igualdad y libertad.

En Formosa han ocurrido graves violaciones de derechos y libertades. En una declaración anterior del Club Político Argentino recordamos la detención, en 1999, del presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, los actos de represión contra la comunidad Qom (incluyendo los que en 2010 causaron la muerte de Roberto López) y, durante la pandemia de Covid-19, la cruel negativa del derecho a regresar a su provincia y a sus hogares a miles de formoseños y la internación forzosa en centros provinciales de personas sospechosas de estar infectadas. Incluso la policía provincial disolvió una protesta pacífica contra estos atropellos y detuvo a las concejalas opositoras Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz.

La Corte Suprema de Justicia viene fallando en sentido republicano en estas cuestiones, limitando abusivos intentos reeleccionistas en La Rioja, Río Negro, San Juan y Santiago del Estero. Actualmente tiene en sus manos una causa contra la reelección indefinida en Formosa impulsada por el Senador Francisco Paoltroni (de La Libertad Avanza, el mismo que impugnó la postulación del Juez Lijo al máximo tribunal). Previsiblemente, Insfrán inmediatamente llamó a una nueva reforma de la constitución provincial para blindar “su derecho” a seguir siendo reelegido.

Quienes integramos el Club Político Argentino afirmamos que la forma republicana de gobierno del primer artículo de la constitución, y el mandato de su artículo 5° (“Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano”) incluye, como punto esencial, la periodicidad en el ejercicio de los cargos públicos.

Formosa no es de Insfrán, es de los formoseños. Las autoridades nacionales (la Corte Suprema de Justicia, pero también el Congreso y el Presidente) deben asegurar que allí y en todas las provincias rijan la democracia, la libertad y la república. Los hechos que narramos arriba y muchos otros similares, y los fuertes indicios de que existe en Formosa un aparato de espionaje político que vigila a quienes osan oponerse, pueden requerir de acciones más drásticas que un límite a la reelección al “dueño” de turno. Decíamos en aquella declaración que durante la pandemia el Presidente Alberto Fernández, la Vicepresidente Cristina Kirchner y el Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, no solo no actuaron contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por Insfrán, sino que las apañaron. Confiamos en que las actuales autoridades nacionales –que afirman ser amantes de la libertad– actúen para que todos los formoseños puedan disfrutar de ella. El artículo 6° de la Constitución las empodera para ello: “El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno”.