Club Político Argentino

De las plazas al Congreso

agosto de 2008

Reflexiones acerca de la crisis argentina

Explicación necesaria

Los integrantes del Club Político Argentino (CPA) coincidimos desde el comienzo en la necesidad de enfatizar nuestra activa vocación civil. Como parte de nuestras preocupaciones, organizamos el pasado 5 de julio una jornada de discusión en torno al conflicto desarrollado entre el gobierno nacional y los sectores de la producción agropecuaria.

Lo hicimos en la convicción de que, más allá de la relevancia sustantiva de los asuntos en juego, este conflicto ha sido extraordinariamente expresivo de los problemas de la Argentina en nuestros días, desde la economía política del modelo de desarrollo, hasta la cultura cívica de un país que persiste en viejas formas de conducir los asuntos públicos.

Lo que sigue es un documento consensuado entre varios de nosotros y que recoge nuestras conclusiones sobre las lecciones del conflicto desatado en marzo pasado y aún no resuelto.

I. La economía política del conflicto

La crisis desencadenada por el paro agropecuario alcanzó una gravedad inusitada, en gran medida por la ceguera política del Poder Ejecutivo. El timing y la magnitud del aumento en la presión tributaria que afectaba a los productores agropecuarios, con la implantación de un esquema de retenciones móviles impuesto sorpresivamente y aprovechando la vigencia de un código aduanero vigente desde los tiempos de la dictadura, fue percibido por los actores perjudicados como una verdadera provocación, puesto que las alícuotas resultantes de su aplicación se añadieron a niveles previos ya muy elevados y modificados previamente en numerosas oportunidades.

Por otra parte, la decisión de imponer un nuevo esquema de mayores retenciones a la producción agrícola fue el epílogo de una infructuosa sucesión de medidas desafortunadas que, detrás de la pregonada intención de moderar la presión sobre el precio interno de los alimentos proveniente del alza de las commodities en los mercados internacionales, condujo a una crítica situación a varios segmentos de la producción primaria (carne, leche y trigo).

En lugar de encauzar la disputa como un conflicto distributivo propio de cualquier sociedad compleja, el Ejecutivo lo presentó como una presunta conspiración “golpista” de sectores oligárquicos minoritarios en contra de un gobierno popular y progresista.

Fue un fenomenal error de cálculo del kirchnerismo, que decidió construir al “campo» como enemigo, ignorando por completo no sólo los impresionantes cambios que tuvieron lugar en la economía y la sociedad rurales durante las últimas dos décadas, sino también el hecho evidente de que su aporte ha sido clave –y debería continuar siéndolo- para entender y sustentar la fuerte mejoría observada en el desempeño económico de los últimos años.

La agricultura argentina ha experimentado, en efecto, un proceso acelerado y profundo de innovación tecnológica y expansión de la producción. En los últimos 20 años aumentó la producción de cereales y semillas oleaginosas en casi el 200 por ciento, pasando de poco más de 30 millones de toneladas al final de la década del 80, a casi 100 millones en la última cosecha.

Esta expansión productiva fue producto de una revolución tecnológica impulsada por nuevas variedades que surgieron de la aplicación de la biotecnología y de nuevas prácticas agronómicas, como la siembra directa, acompañadas por una nueva generación de maquinaria agrícola y, más recientemente, por el impacto de las tecnologías de información y comunicación.

Esta revolución tecnológica también tuvo consecuencias de gran magnitud en la organización económico-social del sector. Por un lado, permitió mayor rentabilidad a la agricultura en términos absolutos y también relativos con respecto a la ganadería, que compite por el uso de la tierra, así como con otras actividades económicas no agrícolas, que compiten en el uso del capital.

El resultado fue un ingreso de capitales no agrarios que potenciaron a empresarios agropecuarios con gran capacidad de gestión para desarrollar una nueva agricultura en gran escala, en campos alquilados y con uso intensivo de tecnología y capital humano. Este proceso también tuvo un impacto importante sobre las comunidades rurales.

Muchos pequeños productores dejaron de serlo, empujados primero por la baja rentabilidad y el endeudamiento de finales de la década del 90 con la convertibilidad y, más recientemente, por la competencia por el uso de la tierra con estas nuevas formas de producir más eficientes, y con mayor capacidad financiera.

Sin embargo, este proceso negativo de concentración de la producción fue compensado por la emergencia de una nueva generación de productores de tamaño mediano y grande que, atraídos por la posibilidad de buenas rentabilidades y el mayor acceso a ciertos servicios públicos como la electricidad y las comunicaciones, se radicó en el campo o en ciudades del interior.

La emergencia de esta nueva clase media agraria, de mayor nivel educativo, comprometida con la producción y las comunidades rurales, pero a la vez mucho más vinculada social y económicamente con sectores urbanos, está en la base y explica las características sociales del reciente conflicto agrario.

Al soslayar este conjunto de transformaciones, la estrategia de polarización elegida por el Gobierno lo aisló, unificando en su contra un amplísimo frente común de intereses económicos, sociales y políticos muy diversos, que concluyó infligiéndole una durísima derrota en el Congreso.

Particular perplejidad causa el hecho de que dicha estrategia persiguió el enfrentamiento con un sector que, en las actuales circunstancias, debería haber sido su socio y no su enemigo.

Las buenas perspectivas brindadas por el contexto internacional se han traducido en una palpable contribución positiva del agro argentino a la recuperación económica de los últimos años –a través de la generación de divisas, de actividad y empleo en forma directa e indirecta gracias a la reactivación de las economías regionales y, cabe recalcarlo, por medio del aporte de cuantiosos recursos al fisco.

Las retenciones -que, al ser reintroducidas en 2002 representaban 2,5% del PIB- podrían haber pasado a representar -como producto de la combinación de la nueva escalada de los precios internacionales y las nuevas alícuotas resultantes del esquema de retenciones móviles- más de 4% del producto, una cifra superior al superávit primario del fisco. Por tanto, resulta falso afirmar –como lo ha hecho en forma reiterada el Gobierno- que se trataba de hacerle pagar a un sector reacio a efectuar un aporte a los recursos generales.

Pero el dramatismo del conflicto no debe ocultarnos una serie de cuestiones de fondo que no afloran claramente en el debate.

En primer lugar, dadas las características de la estructura económica argentina -cuya dotación de factores la conduce a especializarse internacionalmente en la producción de bienes que componen la canasta de consumo popular- la tensión entre competitividad del sector exportador y equidad en la distribución del ingreso ha sido una constante que atraviesa prácticamente toda su historia económica moderna.

Cada vez que se verifican -como en esta oportunidad- condiciones excepcionalmente favorables para el sector exportador, ello se traduce internamente en un encarecimiento del precio relativo de los alimentos que consumen los sectores populares. Es cierto que gravar y redistribuir las así llamadas rentas extraordinarias generadas por la explotación de recursos naturales (esto es, el plus de las utilidades que se deriva de ciertas características excepcionales de esos recursos, como por ejemplo de la singular fertilidad de las tierras pampeanas, independientemente del esfuerzo empresarial) es un criterio que no suscita mayores controversias desde el punto de vista de la teoría económica. También es atendible el objetivo de neutralizar el impacto de las alzas de precios de los alimentos sobre el nivel de vida de los sectores sociales más humildes.

Pero, como lo demuestran reiterados fracasos del pasado, ello no puede realizarse dañando los incentivos a la continua expansión de la producción agrícola ganadera. Bien aprovechada, la notable mejoría de los precios internacionales de los alimentos representa una bienvenida ganancia neta para el conjunto de la sociedad argentina. Nuestro país es, de hecho, uno de los pocos ganadores netos del actual proceso internacional de aumento en la demanda relativa de proteínas causada por la salida de la pobreza de una numerosa masa de la población mundial.

Hay diversos mecanismos que permiten, en forma eficiente y equitativa, compatibilizar ambos objetivos y aprovechar la oportunidad que brindan los mercados mundiales, protegiendo el bienestar de los sectores más vulnerables de nuestra población. Pero ninguno de ellos supone -ni sería sensato hacerlo- anular dicha ganancia neta.

Más allá de una situación de emergencia, como lo fue el período de salida de la convertibilidad, las retenciones no son, por múltiples razones, el mecanismo más apropiado.

Por el lado de los productores, premian la ociosidad y desalientan la utilización productiva de la tierra, se desentienden del impacto negativo que pueden tener los aumentos de costos sobre la rentabilidad (dado que es un tributo sobre los ingresos brutos provenientes de ventas al exterior) y afectan regresivamente a los productores más pequeños, especialmente a los que trabajan las tierras menos productivas y más distantes.

Por el lado de los consumidores, la cuña impuesta por las retenciones entre los precios externos e internos favorece indiscriminadamente a todos los consumidores, pobres o ricos.

Un fondo estabilizador, subsidios directos a familias de menores ingresos y reducción del IVA a los alimentos para compras de hasta determinado monto, financiados con impuestos a la tierra y las ganancias serían, indudablemente, mecanismos muy superiores para redistribuir rentas extraordinarias y garantizar la alimentación de la población más vulnerable.

Es verdad que para la administración tributaria el cobro de retenciones es muy simple y difícil de evadir. Pero, superada la emergencia económica, no hay excusas para no avanzar gradualmente hacia un mecanismo más eficiente y equitativo.

Con la tecnología informática hoy disponible, la restricción no es administrativa sino política. Si el Gobierno no la ha ensayado hasta ahora es porque prefiere evitar la confrontación con los grupos económicos más concentrados y no quiere coparticipar los aumentos de recaudación con las provincias.

La introducción de retenciones (no coparticipables) -y previamente del impuesto al cheque, sólo parcialmente compartido en un 30% con las administraciones del interior del país- incorporó a la masa tributaria dos impuestos que representan en la actualidad una proporción significativa del total de la recaudación del gobierno nacional, privando a las provincias de cuantiosos recursos fiscales. Ello tendió a agravar un proceso de más larga data que ha provocado que la participación del gobierno central en la renta fiscal se encuentre en la actualidad en sus máximos históricos. Esto es especialmente grave en la medida en que las provincias tienen una responsabilidad primaria en el gasto en salud y educación. Más allá de las evidentes consideraciones de justicia distributiva a nivel regional, la pérdida relativa de recursos por parte de las jurisdicciones principalmente encargadas de invertir en la acumulación de capital humano puede traducirse en una incorrecta asignación de recursos a lo largo del tiempo, especialmente si la bonanza de precios internacionales se revela efímera y las ganancias de recaudación se muestran finalmente transitorias.

Es evidente que la centralización de recursos concentra poder en el Ejecutivo Nacional. Pero hay otro motivo, menos visible e igualmente importante: el Tesoro necesita cada vez más caja para cubrir un gasto público que crece descontroladamente, impulsado, principalmente, por la maraña de subsidios derivados de una política económica inconsistente.

El carácter indiscriminado de esos subsidios provoca que, operando al modo de verdadero Hood Robin, muchas veces (como ocurre, por caso, con la energía), el Estado dilapide recursos escasos subsidiando el alto consumo de los sectores más acomodados de la población.

Al mismo tiempo, a pesar de los malabares estadísticos oficiales, es inocultable que la actividad económica comenzó a enfriarse a pasos agigantados, a causa de la insólita prolongación del conflicto. La economía de las provincias económicamente más importantes ha sufrido directamente las consecuencias del conflicto agropecuario.

La actividad económica no directamente afectada por el conflicto comenzó a sentir los efectos de la amenazante tenaza conformada por el enfriamiento de la demanda de consumo y, en particular en el sector industrial, el aumento de las importaciones inducido por un incipiente atraso cambiario.

La desconfianza y la incertidumbre sobre el futuro, por otra parte, han puesto en el freezer decisiones de inversión de la mayoría de las empresas. Y lo crucial es que el enfriamiento está produciéndose de la peor manera posible, con una inflación no confrontada con ningún freno desde la política económica y que no se doblegará rápidamente si su desaceleración depende solo de la caída de la demanda.

En términos más generales, además, el deterioro de la situación económica desencadenado por el conflicto pone de manifiesto el anacronismo del enfoque kirchnerista de política económica, en particular respecto de dos de sus dimensiones centrales.

La primera es la lógica que liga un intervencionismo público excesivo e insostenible por mucho tiempo en las condiciones económicas internas e internacionales propias de esta época, la consecuente profundización de desequilibrios económicos y distorsiones de precios relativos y la creación de una maraña cada vez más densa e incoherente de subsidios compensadores, cuya magnitud tiende a expandirse descontroladamente y cuyos beneficiarios finales se vuelven cada vez más difíciles de identificar.

Aunque ha sido un factor importante de la reciente aceleración inflacionaria, el alza de los precios internacionales de los alimentos y la energía no ha sido, en modo alguno, su único motor de impulso. Otros países de similar desarrollo relativo al de Argentina han experimentado alzas recientes de la inflación que lucen completamente moderadas frente a los registros inflacionarios locales, que estimaciones bien confiables sitúan largamente por encima del 20% anual.

Sus causas deben buscarse, más bien, en una gestión de la política macroeconómica que tiende a acentuar las tendencias cíclicas y contra toda lógica pretende, efímeramente, mantener un ritmo de crecimiento superior al sostenible dada la evolución reciente de la acumulación de factores (oferta de trabajo y capital reproductivo) y la evolución previsible de su productividad. En lugar de efectuar las correcciones necesarias a fin de garantizar un crecimiento algo más moderado pero sostenible en el mediano y largo plazo, la política económica oficial inicialmente intentó reprimir las manifestaciones del exceso de demanda en numerosos mercados introduciendo acuerdos de precios y controles administrativos que fracasaron a poco de andar y generaron toda clase de distorsiones. Ello levó luego a la peregrina idea de que “rompiendo el termómetro se podía disimular la fiebre”. Las consecuencias de este enfoque fueron aún más contraproducentes: además de dañar seriamente la confianza pública en las estadísticas y anuncios oficiales, la maniobra generó conductas defensivas ante la incertidumbre que, casi inmediatamente, elevaron las expectativas inflacionarias de los agentes, agravando la fiebre que se trataba de disimular.

La segunda manifestación de anacronismo de este enfoque es la profundización del capitalismo prebendario, o de amigos, que el mismo favorece, un capitalismo que naturalmente es enemigo acérrimo de los mercados competitivos y cuya fuente de rentabilidad es la intimidad con el poder político, en lugar de la búsqueda de mayor productividad a través de la innovación. La crisis actual ha puesto en evidencia que este enfoque retrógrado está agotado.

Para enfrentar con éxito la amenaza inflacionaria, llevar adelante en serio una política progresiva en materia distributiva, atender necesidades regionales e impulsar decididamente el crecimiento sostenible de la productividad, hacen falta cambios de fondo en la política económica y una estrategia de desarrollo productivo.

Tal estrategia precisa de una ineludible intervención del Estado, para promover el surgimiento de un capitalismo competitivo e innovador y, en vez de oponer el agro a la industria, estimular los sectores con mayores ventajas competitivas potenciando, a través de sus múltiples encadenamientos, las complementariedades entre distintas actividades del agro, la industria y los servicios.

No cabe ninguna duda de que la inmensa mayoría de los ciudadanos desea que el mandato de Cristina Fernández continúe con absoluta normalidad. Reconocer errores, promover acuerdos y adoptar las correcciones de política necesarias pueden permitir un relanzamiento del Gobierno en este nuevo contexto y posibilitar que la Argentina no deje pasar una vez más, como tantas veces lo hizo en el pasado, el tren del desarrollo.

II. La dinámica institucional y política

En los últimos meses, en la Argentina se impulsó una polarización destructiva que, erigida de manera sobreactuada, pero sobre la base de auténticos problemas de política nacional, pretendía transformar conflictos de intereses en cuestiones de identidad, densos antagonismos político-culturales, oposiciones de todo o nada, generando una deslegitimación estimulada por una visión movimientista totalizante y excluyente a la vez, asociada a una mirada histórica impregnada de un exaltado patriotismo.

Rasgos característicos de la cultura política argentina, ya presentes en diversos sectores sociales, pavimentaron el camino para que ese impulso desenfrenado hacia la polarización llegara tan lejos.

En medio, y como parte de este clima polarizado, la vida política tendió como nunca a desplazarse a calles y plazas, con medidas directas y expresivas.

Actos, marchas, movilizaciones, escraches, carpas, son práctica rutinaria, naturalizada, no sólo por parte de los que carecen de otros recursos materiales y simbólicos, sino de sectores que cuentan con recursos suficientemente abundantes como para tener que recurrir a la protesta fuera de la ley y confiar su efectividad (mediática) en la afectación de derechos, se volvieron habituales. No sólo perseguían objetivos instrumentales sino, sobre todo, expresarse y fijar identidad, convencidos sus animadores de que para lograr “visibilidad” mediática la única posibilidad es transgredir ciertas normas.

Como reedición de pesadillas sufridas en muy diversas décadas pasadas, la polarización se hizo presente y se dramatizó en la crispación de los vínculos familiares, afectando a amigos, parejas y familias. Es posible que este panorama de polarización sociopolítica y cultural haya llegado a ser más aparente que real y que la imagen de las dos plazas, como expresión de dos países, dos voluntades colectivas y opuestas de organizar la Nación, haya sido ilusoria. No obstante, los peligros de este ambiente político polarizado son reales.

Cuando en el marco de un orden constitucional, actores fundamentales – como ha sido el caso- propenden intensamente a la polarización, el peligro es que las instituciones -en este caso, los diferentes poderes de una república federal- se conviertan en impotentes y así terminan arrasadas por el impulso polarizador, en vez de morigerarlo, contenerlo, acotarlo, y redefinir los términos de la confrontación.

Hay experiencias trágicas en la historia argentina. Cuando las instituciones han sido impotentes, el resultado fue catastrófico.

Contra lo que sostienen reiterados diagnósticos sobre la debilidad estructural de las instituciones políticas argentinas, no parece ser éste el caso hoy. Y ésta es, ciertamente, una noticia buena y promisoria.

La polarización propiciada por el Gobierno estuvo muy orientada a procurar resultados similares a lo que sucedió cuando la sociedad elaboró la salida de la convertibilidad atribuyendo responsabilidades a grandes malvados, y si fuera posible foráneos mejor, lo que suponía una lógica de exclusión que Kirchner simplemente recogió y potenció en su provecho.

El oficialismo aprendió de esa experiencia, que juzgaba exitosa, como también deben haber hecho, en materia de prácticas equivalentes, otros actores.

Pero, ¿qué efecto tuvo esa polarización propuesta por el Gobierno? Como el grueso de la sociedad no se identificó en ella, cabe deducir que se han verificado diferencias entre esta crisis de 2008 y la de 2001.

La caída del gobierno de la Alianza fue el tipo ideal de situación en que funciona la polarización populista. Ésta no lo fue. Suscitó, sí, un tipo de conflicto más complejo, propicio a lecturas más interesantes sobre problemas institucionales y culturales del país.

Entendemos, sin embargo, que el conflicto con el sector agropecuario acabó propiciando otras polarizaciones, a las que llamaremos provechosas y que pueden abrir senderos para que la Argentina recupere solidez institucional: fracasó el intento de organizar el escenario de la político en términos de Gobierno ó golpe de Estado, aunque también es sugestiva la evidente incapacidad oficial para aprender de esa experiencia y rectificarse.

¿Puede un contexto de debilitamiento prolongado del Gobierno ser ocasión para que se fortalezcan instituciones y actores en términos de una consolidación del sistema democrática? ¿Qué tipo de iniciativas, proyectos políticos y políticas públicas pueden elaborarse y florecer en un contexto inédito de estas características, que no se parece al 2001, ni tampoco a la hiperinflación de 1989-1990, pero que abre también, como en esas ocasiones, posibilidades para la construcción política y no solo para la agudización de la crisis?

En respuesta a alguna de estas preguntas, podrían, al mismo tiempo, florecer por ejemplo alternativas de muy variada orientación y todas ellas pueden tener en común ser superadoras del populismo polarizante, así como pueden competir entre sí y con él, pero también cooperar

Más allá de la derrota del Gobierno en el trámite parlamentario para darle carácter de ley a la Resolución 125 sobre retenciones a las exportaciones de soja y girasol, diferentes poderes constitucionales (Corte Suprema de Justicia, Congreso), le pusieron límites al Ejecutivo y esto permitió que no se realimentara la polarización. En parte, aunque de crucial importancia, ello se debió a la resistencia de sectores del peronismo a someterse a las presiones del Ejecutivo.

Mas allá también del papel jugado por legisladores provenientes de lo que se llamaba “radicalismo K” y de fuerzas de oposición que procuraron alternativas, fue determinante el distanciamiento de varios legisladores justicialistas respecto de las pretensiones del Gobierno. Por razones diversas y desde historias no siempre compartidas, un grupo de legisladores justicialistas no acompañó en este caso a la Presidenta y consiguió que ese ímpetu polarizador terminara esterilizado.

También ha sido gravitante el papel jugado por expresiones políticas no peronistas que venían acompañando al kirchnerismo y ahora fueron positivamente moderadoras. Puede decirse que este comportamiento político en el peronismo es bastante inédito en la mecánica institucional y debe ser valorado.

Por estas razones, la discusión interna en el justicialismo ha dejado de ser cuestión inaccesible para quienes no forman parte de dicha colectividad.

Además de las principales instituciones del país y de los actores políticos que se desempeñaron en su seno, hubo «otras» instituciones o actores que se comportaron de similar manera para desarmar las polarizaciones extremas.

Si bien hubo quienes apostaron a una mayor confrontación, muchas estructuras no entraron en ese juego, sea por acción u omisión. Las Fuerzas Armadas se mantuvieron (aunque no debería ser de otro modo, por supuesto) completamente al margen y sectores activos de la Iglesia Católica, los sindicatos y el mundo académico se manifestaron en similar dirección moderadora.

En el terreno específicamente institucional, la lucha contra el aumento de las retenciones no se encarnó en una resistencia sorda, sino en un activismo que, en la medida en que no intentó bloquear la gobernabilidad, sino compatibilizar intereses, logró una efectiva des-polarización y una promisoria redefinición de los términos del conflicto y los debates.

En América del Sur en general y en la Argentina en particular, donde desafortunadamente dejó de ser una excepción la finalización prematura de mandatos presidenciales (posibilidad agitada en el reciente conflicto desde sectores pro gubernamentales como el fantasma de lo “destituyente”), este vigor des-polarizante de nuestras instituciones aleja considerablemente ese peligro.

Se crea, así, un marco más favorable para la mesura cívica activa que, desde la sociedad civil, como desde las propias organizaciones políticas, es indispensable para dejar atrás el clima polarizador y posibilitar debates necesarios para los argentinos.

Este conflicto ha permitido la emergencia a un primer plano de un nuevo actor social, un fenómeno que llegó para quedarse. Se trata, en principio, de un actor heterogéneo dentro del cual probablemente existan intereses diferentes entre sí, pero que ha operado mancomunadamente durante toda la crisis.

¿Cuál será su repercusión en la política en el futuro? Este nuevo actor social es sobre todo local pero está disperso. Durante el desarrollo de la crisis, la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias no lo condujo en sentido literal. Si la política incorpora sus demandas a la vida de los partidos políticos, éstos deberán hacerse cargo de esa agenda.

Si bien se ha constatado de modo explícito que en la sociedad hay conflictos de intereses y que todo gobierno, cualquiera sea su signo ideológico, tiene derecho a no ser neutral al respecto, pujando para que la balanza se incline para su lado, algo perfectamente legítimo, eso no implica que no se deba gobernar para «todos». Por eso, el Poder Ejecutivo no puede tratar a cualquier interés que se oponga a su objetivo como enemigo a destruir.

Tal vez el Gobierno no siempre logre o, ni siquiera busque, el consenso y a veces aplique, incluso, cierta coerción, pero es fundamental que ese liderazgo no sea incendiario y no procure deliberadamente la derrota total de la posición opuesta a sus objetivos.

Si bien es obvio que en la sociedad no conviven armónica e idílicamente toda clase de intereses, también es cierto que ser «progresista» no es fomentar la polarización, la crispación y la confrontación. Un debate se impone y es una cuestión político- cultural importante.

¿Es acaso la única opción considerar a los agentes económicos desde una óptica moral, de corto plazo, definiéndolos como “enemigos” de la sociedad a los que hay que sacarles la máxima tajada lo antes posible, en “beneficio del pueblo”, o, de lo contrario, hacer negocios con ellos y subsidiarlos de diferentes maneras?

El capitalismo es una herramienta de crecimiento, pero es también una flor rara. Sin Estado no hay, naturalmente, mercado y tampoco integración social ni sistémica y por eso es anacrónico plantear estos fenómenos en términos de dilema Estado sí / Estado no.

No existe, además, tal cosa como una industria virtuosa contrapuesta a un campo perverso. Lo que se verifica son conflictos de intereses a ser procesados, agregados y articulados. Estos intereses en juego y en conflicto, que atraviesan todos los debates, pueden y deben conducir a ciertos consensos sociales y políticos mínimos de largo plazo, sin los cuales no existen posibilidades de que la Argentina progrese en serio.

Al fin y al cabo, las instituciones funcionaron y erigieron límites a una radicalización populista gubernamental, moderando a su vez comportamientos opositores, algunos de cuyos métodos, retóricas y propósitos reforzaban la índole principista, innegociable, del conflicto.

La capacidad de imponer límites, así como de diseñar alternativas de negociación configura, tras el desenlace de la votación en el Senado, un cuadro complejo. No estamos, a nuestro entender, en la antesala de finales del tipo crisis hiperinflacionaria o “que se vayan todos”. Estamos, sí, ante algo difícil, intrincado, delicado y novedoso y que, en el tejido institucional, al menos podría permitir el tránsito de una situación de enorme debilidad a otra de mayor densidad (que NO quiere decir, aún, fortaleza).

Podría tratarse, en verdad, de un escenario en el cual las instituciones se reconstituyan. Pero las dificultades para concretarlo son formidables.

Si convenimos en que la principalísima responsabilidad de la polarización le cupo al Gobierno, que creyó actuar en un medio político y social que no le planteaba restricciones, y que un papel importante (aunque en modo alguno exclusivo) en ponerle límites y moderar la polarización provino de algunas fuerzas peronistas, el dilema de cómo lograr que las disputas políticas y de intereses de todo tipo propicien una regeneración institucional, es un gran desafío.

Ese desafío convoca, asimismo, a fuerzas de oposición cuyas actuales deficiencias se advierten, aunque también para ellas es una oportunidad de oro para comenzar a remontarlas.

Así, la mesura cívica activa que se erige contra ciertos e inaceptables actos del Gobierno se podría ir complementando con la apertura de una agenda propositiva, un programa de acciones efectivas para hacer frente a los problemas principales del país, cuya persistencia se ha hecho inadmisible.

Por el Club Político Argentino:

Antonio Camou, Pepe Eliaschev, Federico Merke, Marcos Novaro, María Matilde Ollier, Vicente Palermo, Guillermo Rozenwurcel, Constanza Schibber, Juan Gabriel Tokatlian

Las ideas presentadas en este documento reflejan un grado de consenso importante entre los miembros firmantes. Sin duda, cada uno podría hacer un énfasis mayor o menor en alguna dimensión. Incluso es posible que no haya una plena coincidencia en cierto(s) aspecto(s). Sin embargo, más allá de las diferencias que pudieran tener los autores, este documento sintetiza y expresa un acuerdo sobre lo fundamental entre ellos.