Club Político Argentino

Declaración del CPA – El país necesita una política inteligente de ciencia y tecnología

Buenos Aires 20 de septiembre de 2026

El valor del conocimiento

La libertad es una aspiración natural del ser humano. Está íntimamente relacionada con la capacidad de decidir y ésta a su vez se sustenta en el conocimiento. Cuánto más conocimiento poseemos más libertad de acción tenemos. El saber otorga libertad; la ignorancia, esclavitud. Y esta afirmación naturalmente también se aplica a la sociedad. Ganar capacidad de decisión autónoma a través del conocimiento es una aspiración legítima, natural y deseable para cualquier sociedad. Por eso, los países que anhelan incrementar su poder soberano, se ocupan de cultivar el conocimiento. Y este es el primer pilar del valor del conocimiento.

El segundo pilar es la competitividad. El conocimiento es lo que nos permite hacer cosas mejores, ser más eficientes, producir riqueza y competir globalmente. El conocimiento es una de las principales herramientas estratégicas para el crecimiento económico y social.

El atributo más importante del conocimiento que interesa para la competitividad es el de propiedad, o sea, que se trate de conocimiento propio. En este sentido es apropiado usar el concepto de conocimiento propio agregado (CPA). Este trasciende la más limitada concepción de “desarrollos tecnológicos propios” pues incluye, además de éstos, a las tecnologías importadas cuando se cuenta con la capacidad de absorberlas con inteligencia tal que puedan ser adaptadas, controladas, mejoradas y superadas.  Esto es, asegurar no sólo el “cómo” sino también el “porqué”, pues el primero sin el segundo agrega vulnerabilidad en lugar de autonomía.  La clave es ser capaces de producir bienes diferenciados puesto que ésta es la única vía para mejorar la competitividad.

Donde estamos

Existe una correlación entre el monto de los recursos destinados a I&D en relación con el PBI y el ranking de competitividad mundial^[1] y es en cierto modo alentador observar que el grado de competitividad de los países no está relacionado ni a su tamaño ni a la inversión total en I&D sino sólo al porcentaje del producto bruto (PBI) destinado a I&D. En las últimas décadas la Argentina ha mostrado un valor histórico de entre 0,4 y 0,5% de I&D/PBI, un valor que está lejos del 2-3% que caracteriza a los países más desarrollados. En estos últimos la I&D cumple un rol estratégico y están en los primeros puestos del ranking de competitividad, mientras que en la Argentina y otros países similares el conocimiento se limita más bien a su condición de valor cultural, como lo es el arte. Desde hace años los planes nacionales de ciencia y tecnología elaborados por sucesivas administraciones apuntaron a alcanzar el 1%, por ahora sin éxito mientras que en los dos últimos años este índice ha caído a menos de la mitad del valor histórico, o sea a menos de 0,21%.

Otros índices como el número de patentes o de investigadores en relación con la población económicamente activa o la contribución del sector privado a la inversión total en I&D, revelan también un atraso considerable respecto a la media del mundo desarrollado. Por ejemplo, el gasto en I&D en relación con las ventas, que es particularmente relevante porque mide la intensidad de conocimiento propio agregado que se emplea en el sector privado es en Argentina unas 5 veces menor que en los países de la OECD.^[2] La vigencia de un marco legal adecuado sobre patentes y de organismos de aplicación calificados y equitativos es también un motor imprescindible para el crecimiento del gasto en I+D.

Antecedentes y contexto argentino

Es importante tener en cuenta el patrimonio argentino en ciencia y tecnología y ubicarlo dentro del escenario de lo que ha sido su accidentado desarrollo en el país. Este patrimonio incluye antecedentes valiosos como la escuela iniciada por Bernardo Houssay y sus discípulos en el área biomédica merecedora de Premios Nobel,^[3] el desarrollo de la física a partir del internacionalmente reconocido Instituto de Física de La Plata en 1906, de la matemática iniciada por Julio Rey Pastor y otros compatriotas suyos que se establecieron en el país en la década de 1930, de la sociología con Gino Germani, la economía con Raúl Prebisch o la ciencia política con Guillermo O´Donell, entre otros. También se han hecho avances destacables en tecnologías avanzadas como el enriquecimiento de uranio, la construcción de satélites, la clonación genética, la producción agropecuaria, la producción de software e innovaciones en el sector metalúrgico que han permitido al país estar a la vanguardia en algunos procesos y competir internacionalmente en la provisión de equipos e instalaciones de alto valor agregado.^[4]

Situación actual

Lamentablemente la situación actual del sector no es para nada auspiciosa. La inversión pública en I&D ha disminuido considerablemente. La caída de los salarios amenaza con una considerable pérdida de capital humano valioso. Una política desacertada en varios frentes, con inadecuado liderazgo, falta de objetivos, incomprensión del papel de la ciencia básica en el desarrollo económico y social del país, que obliga a señalar estas falencias y proponer medidas para impedir la pérdida de un capital estratégico lo cual no es necesariamente incompatible con la sana aspiración de mantener el equilibrio fiscal.

Sector público y sector privado

El desarrollo del país debe sustentarse en la aplicación del conocimiento por parte del sector privado. El proceso de generación y aplicación del conocimiento incluye la investigación básica y su rol fundamental en la formación de recursos humanos y los desarrollos tecnológicos que nacen a partir de conocimiento propio agregado (CPA como lo definimos más arriba). La investigación básica y primeras etapas del desarrollo tecnológico (indispensables para mantener la vanguardia y ser competitivos) deben ser financiados con el presupuesto público (de la sociedad en su conjunto) por rendir frutos económicos a mediano y largo plazo. Los segundos, las aplicaciones industriales de los desarrollos tecnológicos, deben ser hechos por las empresas, estimuladas por el gobierno mediante políticas adecuadas.^[5] El Estado no puede estar ausente de una política de CyT.

Los componentes de un sistema público de CyT.

Es útil reconocer las componentes principales de un sistema público de CyT. Por un lado, están los recursos humanos y las instituciones, y por el otro, los proyectos de investigación. Los primeros exigen cierto grado de continuidad y estabilidad (del orden de al menos 10 años). Las instituciones deben tener objetivos explícitos en función del interés de la sociedad y junto con ellos metas a alcanzar en tiempos y con recursos definidos, sujetos a evaluaciones periódicas. ^[6]  Los proyectos de investigación solo requieren estabilidad durante el tiempo de su desarrollo (típicamente 3 años) y se deben financiar mediante concursos altamente competitivos en función de su calidad y pertinencia utilizando evaluadores internacionales.^[7]

Lineamientos para una propuesta

1. Asumir el desafío de competir internacionalmente y de resolver problemas nacionales sobre la base de capacidades tecnológicas propias. Necesariamente este objetivo necesitará de presupuestos adecuados (del orden del 1% del PBI), pero más aún de decisiones administrativas innovadoras en el contexto actual que aumenten la eficiencia de forma significativa: a) definición de recursos y su disponibilidad en tiempo y forma; b) delegación de facultades al mínimo nivel de responsabilidad compatible con la función; c) definición de metas en función de tiempo y recursos; d) evaluación periódica con impacto efectivo en la mejora de la calidad.
2. Compromiso con la calidad y la mejora continua. Deben asegurarse sistemas rigurosos de evaluación continua de la calidad para todas las actividades de Ciencia y Tecnología. Generar instrumentos para medir desempeño y correlato entre generación y utilización. Entidades independientes deben ser llamadas para cumplir esta función.
3. Incentivar la incorporación de tecnología en el sistema productivo. Instrumentos tales como el FONTAR, FONARSEC, FONSOFT, Ley 23877 y crédito fiscal deben ser utilizados cuidando la calidad y eficiencia de gestión a partir de una evaluación objetiva de los resultados alcanzados. Además nuevos instrumentos debieran ser incorporados tales como: a) sistema de deducción de pago en el impuesto a las ganancias con tasa decreciente año a año para incentivar la instalación de laboratorios de I&D en la empresas^[8]; b) incorporar cláusulas que exijan la inversión en I&D en los nuevos contratos con empresas multinacionales que se radiquen en el país; c) utilizar el poder de compra del Estado para la contratación de tecnologías competitivas desarrolladas en el país; d) alentar a las distintas áreas del gobierno a planificar con tiempo sus necesidades tecnológicas (en energía, transporte, comunicaciones, salud, defensa, etc.) para dar posibilidad de competir a desarrollos locales; e) financiar exportaciones de alta tecnología y proveer instrumentos aptos de garantías; f) incentivar a los organismos públicos de I&D que asistan eficazmente a la industria nacional en el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías; g) simplificar  las exigencias burocráticas, procedimientos y costos vinculadas con la creación, operación, mantenimiento y quiebra de PYMES tecnológicas.
4. Grandes proyectos. Una fracción del presupuesto nacional de CyT (p.ej. 10%) debería destinarse a programas científicos y tecnológicos de envergadura vinculados a problemáticas de interés estratégico para el país y a la participación institucional argentina en proyectos internacionales siempre que esa participación sea de significación. Proyectos científicos de envergadura conducidos adecuadamente, utilizan la capacidad instalada en las diferentes áreas del sistema de CyT y pueden/deben jugar un papel importante en la demanda tecnológica sobre el sector privado.^[9]
5. Conducción, definición de prioridades y ejecución de la política de CyT. Una política de estado de CyT trasciende el ámbito de la Secretaría de CyT. Es conveniente que cada sector de la administración pública cuente con la capacidad del “manejo del conocimiento” propio de su área, esto es la financiación de un grupo de investigadores que se ocupan de la adquisición y desarrollo de conocimiento de vanguardia relativo a esa área.^[10] Por otro lado es conveniente la existencia de un órgano integrado por los ministros/secretarios responsables de áreas donde se desarrolla y aplican conocimientos, cuya función sea decidir anualmente la distribución presupuestaria de CyT a propuesta de la Secretaría de CyT. Entre las prioridades, una de ellas es la de tratar de “estar al día” con las innovaciones y transformaciones que se vienen produciendo. Solo por citar algunas como las vinculadas ak software, la supercomputación, análisis masivos de datos, ciberseguridad, tecnologías cuánticas, biotecnología, soberanía de datos y en particular al conocimiento y buen uso de la inteligencia artificial. La formación de “facilitadores” para el sistema educativo, organismos públicos, privados y empresas será clave.
6. Recursos humanos. El recurso humano es el aspecto sobre el que necesariamente cualquier política de CyT se sustenta. El Estado debe establecer un plan de mediano plazo concerniente a la cantidad de científicos y tecnólogos que el país irá necesitando año a año. Estos recursos incluyen incentivos a las universidades, la creación de institutos tecnológicos avanzados (teniendo en cuenta la falta de este tipo de profesional en el país) y un incremento sustantivo de programas de becas externas con mecanismos de garantía de regreso y reinserción. De acuerdo con los índices internacionales el país debería triplicar el número de científicos y tecnólogos.

El Club Político Argentino se suma, con este documento, a las voces ciudadanas y a la de investigadores y profesionales preocupados por el debilitamiento del sector de ciencia y tecnología y por la ausencia de señales del gobierno acerca de la relevancia de promover el conocimiento como estrategia prioritaria para el logro de una vida plena en sociedad y una economía competitiva a escala mundial.

[1] World Competitiveness Ranking, 2026 World Competitiveness Ranking – IMD business school for management and leadership courses y Our World in Data, Research & development spending as a share of GDP, 2024

[2] El dato que se muestra en Argentina.gob.ar es 1,4%, pero corresponde a un universo limitado a empresas que desarrollan actividades de I&D. El promedio nacional en el 2000 era 0,3%. Los valores de la OCDE son de OECD Data Explorer, OECD Data Explorer • Business enterprise R&D expenditure by industry

[3] Los Dres. B. Houssay y L. Leloir, de Argentina, son los únicos premios Nobel en ciencia del Tercer Mundo que hicieron sus trabajos premiados en sus países. Un dato singular de la actividad científica argentina.

[4] En 2000, INVAP S.E. compitió y ganó la licitación para el diseño y construcción del más grande reactor nuclear en la actualidad, destinado a investigación, producción de radioisótopos e implantación de silicio, el OPAL de Australia, compitiendo con empresas de EEUU, Canadá, Alemania y Francia. Es posiblemente la mayor exportación de tecnología que ha hecho la Argentina y que convirtió a INVAP en líder mundial en este rubro.

[5] El exitoso caso de la empresa INVAP, ya señalado en la nota al pie anterior, es un ejemplo exitoso del rol de incubador de empresas tecnológicas por parte del Estado. INVAP no solo se ha destacado en proyectos nucleares sino también lo es como líder latinoamericano en el diseño y construcción de satélites y radares.

[6] Hablemos de metas – Ciencia Hoy Vol 19, núm 109 feb mar 2009 pag. 49

[7] La Agencia Nacional de Promoción de CyT, fue creada en 1996, con la función exclusiva de financiar proyectos de investigación científica mediante concursos competitivos, libre de conflictos de interés (como aquejaban al CONICET que debía atender la carrera del investigador y un par de centenas de institutos).

[8] Sistema de deducción de pago. Al impuesto a las ganancias correspondiente a la utilidad bruta sin tomar en cuenta el gasto en I&D se le resta este gasto de modo que la utilidad neta es la misma que la que hubiera resultado sin hacer el gasto en I&D.

[9] En relación con el impacto de la investigación básica en la industria ver H. Schmiet. About the quantification of the econoic impact of public investmentinto scientific reasearch. International Journal of Technology Management, Vol 2, 71 (1987). En relación con un proyecto estratégico nacional ver Mariscotti, M. A. J. (2021), “Ideas para un Proyecto Oceánico Nacional”. Ciencia e Investigación, 71(1), Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias. https://aargentinapciencias.org/wp-content/uploads/2021/05/04-Mariscotti-CeI71-1.pdf.

[10] Es deseable que áreas como Transporte, Comunicaciones, Energía, cuenten con infraestructura para la investigación científica “básica” y aplicada en los temas de su incumbencia, y por lo tanto cuenten con personal especializado en asuntos de vanguardia. Un ejemplo es el de la CNEA, que comenzó congregando investigadores en áreas básicas (física, química, matemáticas, biología) que luego contribuyeron al desarrollo de un programa autónomo de energía nuclear, de prestigio internacional.