Club Político Argentino

Declaración del CPA – Una política exterior al servicio de las dictaduras de las Américas

Miércoles 16 de junio de 2021

Una vez más, la Cancillería argentina ha adoptado una posición de aval a los gobiernos no-democráticos de la región. En este caso, nuestra diplomacia oficial se abstuvo de condenar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo (Nicaragua) durante el tratamiento de un proyecto de resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Así, al apartarse de la condena a la dictadura nicaragüense -como sí hicieron nuestros socios del Mercosur y los países democráticos de las Américas- las autoridades argentinas parecen desconocer el incremento en el uso de la violencia contra opositores y contra la población civil en los últimos años en Nicaragua. En las últimas semanas, la dictadura sandinista ordenó la detención arbitraria de dirigentes políticos opositores como Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Felix Maradiaga y Arturo Cruz, candidatos a presidente, acusados de «Traición a la Patria y Lavado de dinero». 

Pero la actitud frente a la dictadura nicaragüense no constituye un caso aislado. Por el contrario, parece responder a un patrón de conducta de la diplomacia oficial. Así se ha visto en diversas votaciones en relación con la situación en Venezuela, un país sometido desde hace años por una tiranía encabezada por Nicolás Maduro y otros jerarcas chavistas. Decisiones como el inmediato desconocimiento del gobierno de Juan Guaidó y su representante en Buenos Aires, el retiro del Grupo de Lima, el abandono de las denuncias oportunamente presentadas por la Argentina junto a otros países de la región contra las permanentes violaciones de derechos humanos por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, fueron sucesivamente adoptadas por la Cancillería de la Administración Fernández-Kirchner desde diciembre de 2019. 

A su vez, el gobierno argentino optó recientemente por condenar al Estado de Israel en el comité de Derechos Humanos de la ONU por considerar «desmedido» el uso de la fuerza en ocasión del ataque terrorista contra su territorio perpetrado por el movimiento extremista Hamas a través del lanzamiento de más de cuatro mil misiles contra población civil. Desconocer la gravedad del uso del terror implica una inaceptable claudicación frente a la violencia extrema, situación injustificable para un país que ha sufrido en carne propia los flagelos del terrorismo internacional en el pasado reciente. 

La política exterior implica el ejercicio de una función indelegable del Poder Ejecutivo. Pero la legitimidad de origen con la que cuenta el gobierno, sin embargo, no obsta que se deba advertir cuando su política exterior compromete los intereses permanentes de la nación y la posición internacional de la Argentina en el concierto de las naciones. Durante la campaña electoral, el actual Presidente se mostró «moderado» y expresó una vocación «socialdemócrata» repitiendo hasta el hartazgo una admiración por el Presidente Alfonsín. Pero una vez en el poder, su política lo ha llevado a una reedición de las tendencias populistas que su vicepresidenta llevó adelante especialmente durante su segunda presidencia, cuando adoptó un curso de acción marcadamente anti-occidental al extremo de firmar un acuerdo de entendimiento con el régimen islamista de Irán. 

Desde 1983, los argentinos hemos recuperado la democracia y hemos mantenido una política de Estado en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Votaciones y posturas como las sostenidas por el Gobierno en los casos de Nicaragua, Venezuela y frente al conflicto de Medio Oriente marcan un giro de política exterior contrario al interés nacional y cuyas consecuencias se extenderán inexorablemente en el futuro.