Club Político Argentino

Democracia y sagas matrimoniales en América Latina

Carlos Malamud

La vigencia de las democracias latinoamericanas depende básicamente del respeto a las leyes, las instituciones y ciertas normas no escritas que garantizan la competencia entre las distintas fuerzas políticas en un entorno de equidad. Estas circunstancias poco tienen que ver con las divisiones tradicionales entre izquierda y derecha, o entre democracia representativa y participativa, o su variante más vernácula asociada al populismo bolivariano.

Cronológica y geográficamente las sagas familiares han sido notables en la vida política de sus países. No es un fenómeno exclusivamente latinoamericano sino algo más extendido, con una tipología amplia y diversa presente en todos los niveles del gobierno. Sin embargo, los casos más llamativos se producen en los más altos escalones gubernamentales.

Las vías de cooptación familiar son variadas: de padres a hijos, creándose verdaderas dinastías, pero también haciendo entrar en la ecuación a hermanos, sobrinos o incluso parientes políticos. Esto ocurre tanto en Corea del Norte y Cuba, como en EEUU y España, o en otras partes del planeta, aunque el resultado final depende de las garantías y controles que evitan situaciones arbitrarias o conductas rayanas en lo delictivo.

Recientemente, coincidiendo con la mayor participación de las mujeres en la política latinoamericana, hemos visto la transformación de algunas sagas familiares en matrimoniales. Hasta ahora esto ha ocurrido en una sola dirección, de hombre a mujer, y no viceversa, ya que de momento los cónyuges de aquellas mujeres que ostentan algún alto cargo político no suelen tener un lugar claramente definido en la vida pública.

No se trata de cerrar el paso a quienes por su propia trayectoria vital o a la sombra de sus maridos quieren hacer carrera política. Pero una cosa es competir en una situación de igualdad y otra muy distinta utilizar ventajosamente el cargo de un familiar en el poder para ganar elecciones, bien por la influencia que de él emana, bien por los bienes y recursos públicos de todo tipo puestos a su servicio.

Sin necesidad de remontarnos a tiempos más lejanos vinculados a la presidente argentina, a la vicepresidente dominicana o a otros ensayos menos exitosos como en Guatemala, hoy es preocupante lo que ocurre con la vicepresidencia en Panamá y Uruguay y con la presidencia en Perú. Por eso es importante observar lo que sucede con la panameña Marta Martinelli o con la uruguaya Lucía Topolansky, aunque en circunstancias políticas y legales muy distintas.

El deseo de Mario Vargas Llosa de que una mujer presida Perú es totalmente legítimo, tanto en su país como en cualquier otro. No en vano “las mujeres representan, por lo menos, la mitad de la población peruana, todas… comprometidas con la vida profesional, cultural y política del país”. Sin embargo, una cosa es que Nadine Heredia sea candidata en 2016 vulnerando la legislación vigente y otra muy distinta en 2021, como manifestó Vargas Llosa. Entonces no habría impedimentos legales, políticos ni éticos que obstaculizaran sus legítimas ambiciones presidenciales.

La situación en Panamá es la más preocupante, no sólo porque ya está formalizada la candidatura vicepresidencial de la mujer del presidente, sino también por sus implicaciones futuras. Muy gráficamente Mary Anastasia O´Grady escribió que: “El rey de Panamá mueve a la reina”. La nominación de Marta Martinelli vulnera la Constitución de Panamá, cuyo artículo 193 prohíbe expresamente a los parientes del presidente “dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad” presentarse como candidatos a presidente o vicepresidente en el período inmediatamente posterior al suyo.

Ricardo Martinelli confía en que una mayoría suficiente de magistrados de la Corte Suprema impida que prospere el juicio de inconstitucionalidad promovido contra la candidatura de su esposa. Esto evidencia lo mal que funciona la separación de poderes en Panamá, al igual que en otros países de la región, lo que favorece la extensión de la corrupción. Así se explica el gambito de dama presidencial: evitar que una victoria opositora impulse investigaciones y juicios sobre los escándalos más emblemáticos, o limitar las tentaciones que en esa misma dirección pueda tener un gobierno continuista, aunque sin control “familiar”.

El caso de la senadora Lucía Topolansky, esposa de José Mujica, es muy distinto. En Uruguay no hay ningún obstáculo legal que le impida presentarse. Al mismo tiempo hay varios pretendientes enfrentados por ser el número dos de Tabaré Vázquez, el probable candidato presidencial del Frente Amplio. Hace algunos días el actual vicepresidente dijo que una mujer debería acompañar a Vázquez.

Hoy compiten por el puesto tres mujeres y Raúl Sendic, hijo del ex dirigente Tupamaro del mismo nombre. Junto a la senadora Lucía Topolansky están la socialista Mónica Xavier, apoyada por el vicepresidente Astori, y la comunista Marina Arismendi. La cantidad de candidatos ilustra la lucha interna en el Frente Amplio y las dificultades para cerrar la fórmula electoral.

Si bien a Mujica habría que exigirle absoluta neutralidad en el proceso, y más cuando su esposa es una de las precandidatas, el presidente señaló que Topolansky “tiene la ventaja de muchos años en el Parlamento” y que por eso sería una excelente vicepresidente. En la misma línea añadió que “En el Uruguay, constitucionalmente el vicepresidente por las tareas que le toca tiene que tener buena capacidad de negociación en el Parlamento. No es fácil, y el tiempo dirá”.

Con prohibiciones legales en un caso, sin ellas en el otro, en dos elecciones próximas las esposas de los presidentes pueden ser vicepresidentes si obtienen los votos necesarios. Con estas derivas personalistas no se consolidarán las democracias latinoamericanas. Uruguay se había caracterizado por ser una de las democracias más estables de la región. Es de esperar que las fuerzas políticas que componen el Frente Amplio y los ciudadanos que acudan a votar a las elecciones primarias y condicionen el proceso de selección de la fórmula presidencial eviten una nueva burla a la institucionalidad democrática.

publicado en Infolatam, 20/04/2014