Club Político Argentino

Derechos Humanos en Venezuela

26 de septiembre de 2008

Los abajo firmantes repudiamos y rechazamos la expulsión decidida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de los representantes de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson. Como es sabido, Human Rights Watch acaba de hacer público su informe «Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela»1. La acción del gobierno venezolano, justificada en términos de una visión categórica de la soberanía y una concepción exagerada de la no intervención, es inapropiada, injustificada e indeseable.

Es lamentable que un gobierno que se precia de su condición democrática recurra a argumentos típicos de los gobiernos autoritarios del pasado latinoamericano al responder a un informe que debiera servir para profundizar y no para vulnerar la defensa de los derechos humanos.

Es deplorable que se estigmaticen personas e instituciones legítimamente comprometidas con la protección y la promoción de los derechos humanos en la región y el mundo. Por eso sorprende la acusación de su connivencia con el gobierno de George W. Bush al tratarse de una organización que ha denunciado las atrocidades cometidas en Irak. Es inadmisible que, en un contexto mundial que exige un mayor respeto de los derechos fundamentales ante acontecimientos tan deleznables como las muertes masivas en Irak, los abusos del uso de la fuerza en Georgia, y la tragedia humanitaria en Sudán, entre otros, un gobierno de Sudamérica busque debilitar y desconocer el clamor de la sociedad civil internacional en favor de la vigencia y ampliación de los derechos humanos.

Por el Club Político Argentino:

Antonio Camou, Stella Escandell, Sebastián Katz, Federico Merke, Marcos Novaro, Maria Matilde Ollier, Vicente Palermo, Guillermo Rozenwurcel, Constanza F. Schibber, Juan Gabriel Tokatlian

Aclaración: Este documento es el resultado de una reflexión del CPA. El texto recoge un consenso de carácter general y, por lo tanto, conviene precisar que no necesariamente cada uno de los signatarios comparte plenamente cada afirmación. Distintos miembros del CPA le habrían dado mayor peso a algunos aspectos puntuales y los habrían formulado de un modo ligeramente diferente. Sin embargo, todos coinciden en considerar que este documento refleja un amplio acuerdo entre nosotros y, por ello, cada uno se hace responsable y asume su contenido fundamental.

1 http://www.hrw.org/legacy/spanish/reports/2008/venezuela0908/