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Malvinas: hacia una nueva estrategia de cooperación

24 de febrero de 2010

Declaración de Club Político Argentino.

Ante la inminente entrada en operaciones de una plataforma de exploración petrolera en el área de las islas Malvinas, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 256/10, el cual establece que “todo buque o artefacto naval que se proponga transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y puertos ubicados en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o atravesar aguas jurisdiccionales argentinas en dirección a estos últimos, y/o cargar mercaderías a ser transportadas en forma directa o indirecta entre esos puertos, deberá solicitar una autorización previa expedida por la autoridad nacional competente”.

Tal como fue presentada, se trata de una medida de resonante impacto mediático aunque de dudosa practicidad, ya que no solamente pretende restringir un tránsito que no controlamos de manera efectiva, sino que muy posiblemente ejerza un efecto nulo sobre las actividades británicas.

En principio, corresponde recordar que la reforma constitucional de 1994 introdujo una Disposición Transitoria que ratifica nuestros derechos sobre las islas y mares australes; en ella se sostiene que “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Esta compleja cláusula seguramente puede ser la base de un extendido acuerdo nacional en la materia, pero requiere de un debate serio, plural y democrático que establezca los modos concretos, sostenidos y consecuentes para lograr aquella meta. En todo caso, su texto deja abierto un amplio espectro de temporalidades, estrategias y políticas, que serán más eficaces en la medida en que cuenten con una clara definición acerca de cuáles son nuestros mejores intereses nacionales en el diferendo, un amplio consenso interno y una sostenida voluntad diplomática.

Lamentablemente no podemos decir que estos elementos se hayan conjugado de forma positiva y coherente a lo largo de muchos años, donde han convivido decisiones acertadas -que es justo reconocer y vindicar- junto con desdenes administrativos, seducciones episódicas, arrebatos de coyuntura u ofensivas circunstanciales.

En este marco, en el que cíclicos virajes nos han hecho perder en un movimiento el avance que habíamos logrado en el paso previo, quizá ha llegado la hora de discutir profundamente las escasas virtudes, los magros frutos y las muchas desventajas de una estrategia de política exterior fundada en la idea del choque permanente como medio idóneo para recuperar el territorio insular.

Por contrario, tal vez estemos ante una buena oportunidad para construir las bases de una nueva política, que ciertamente cuenta con valiosos antecedentes a lo largo del último cuarto de siglo de vida democrática, que haga de la cooperación, y no del enfrentamiento, la estrategia más adecuada para alcanzar nuestros objetivos estratégicos.

Entre los componentes principales de esa política podríamos mencionar los siguientes elementos:

En primer lugar, correspondería partir de una definición precisa –y diferente de la actual- respecto de cuáles serían nuestro mejores intereses en el marco del conflicto. De acuerdo con esa caracterización, los mejores intereses argentinos en el mediano plazo no consisten en una (muy) improbable recuperación territorial del archipiélago, sino en una apropiada inserción de nuestro país en el mundo y en un óptimo aprovechamiento de las oportunidades para el desarrollo y la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

En segundo término, sería conveniente reducir cualitativamente el tenor político y simbólico del conflicto pasando a una instancia de diferendo diplomáticamente administrado. En este esquema, y sin que medie ninguna renuncia formal a nuestros derechos, debemos hacer patente ante la comunidad internacional nuestra percepción de que la solución de esta controversia depende de una difícil, paciente y franca negociación que involucre no solamente a los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña, sino también los intereses y deseos de los isleños.

Y finalmente, el eje de la nueva estrategia ha de ser contribuir a instalar en el área un espíritu de cooperación, con arreglo a intereses concretos en diferentes campos: explotación de recursos vivos y energéticos, turismo, comunicaciones, desarrollo científico-tecnológico, política ambiental, etc. Esta cooperación se entenderá como mutuamente beneficiosa para argentinos, malvinenses y habitantes del Reino Unido.

Somos conscientes de que se trata de un camino arduo y delicado, y en cuya marcha todavía quedan dolorosas heridas por cicatrizar. También sabemos que estamos proponiendo un enfoque que nos comprometerá durante mucho tiempo por una senda de trabajo sobria y exigente, que deberemos mantener con ahínco, y cuyo eventual éxito no será ni resonante ni inmediato. Pero creemos que hay una ciudadanía crítica, madura y responsable, cansada de padecer conductas políticas oportunistas; Una ciudadanía bien dispuesta para escuchar propuestas innovadoras, capaces de superar las consignas de un obcecado nacionalismo territorialista, conservador o de izquierda, que poco y nada tienen para ofrecer como promesa de futuro.

En tierras malvinenses y en las aguas del mar austral ofrendaron su vida cientos de soldados y militares argentinos. Muchos de esos combatientes eran hijos de la pobreza o de la marginalidad, todos habitantes de un tiempo violento, ciudadanos a medias de una Argentina sin rumbo. Honrar hoy su digna memoria nos obliga a construir una sociedad más democrática, próspera, pacífica e igualitaria, que ofrezca a los descendientes de aquellos caídos las oportunidades de vida y de progreso que ellos no pudieron disfrutar.

Buenos Aires, 24 de febrero de 2010

Por el Club Político Argentino:

Henoch Aguiar, Segundo Campos, Antonio Camou, Graciela Fernández Meijide, Roberto Guareschi, Victoria Itzcovitz, Héctor Ricardo Leis, Ricardo Mazzorin, Federico Merke, Daniel Muchnik, Carlos Mundt, Marcos Novaro, Raúl Ochoa, María Matilde Ollier, Vicente Palermo, Luis Alberto Romero, Guillermo Rozenwurcel, Gabriel C. Salvia, Juan Tokatlián… siguen firmas de adhesión.

Aclaración: Este documento es el resultado de una reflexión del CPA. El texto recoge un consenso de carácter general y, por lo tanto, conviene precisar que no necesariamente cada uno de los signatarios comparte plenamente cada afirmación. Distintos miembros del CPA le habrían dado mayor peso a algunos aspectos puntuales y los habrían formulado de un modo ligeramente diferente. Sin embargo, todos coinciden en considerar que este documento refleja un amplio acuerdo entre nosotros y, por ello, cada uno se hace responsable y asume su contenido fundamental.

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