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¿Qué pasará con el INDEC?

Víctor A. Beker

A partir del 10 de diciembre el INDEC estará en la agenda tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo. En el primer caso, todas las miradas estarán puestas en si se mantiene el carácter técnico-profesional del organismo restaurado a partir de diciembre de 2015 así como la veracidad, credibilidad y confiabilidad de sus estadísticas.

La normalización del funcionamiento del INDEC ha sido uno de los escasos aciertos del gobierno saliente. Nadie puede dudar de los datos de inflación, pobreza, indigencia, producto bruto o desempleo difundidos en estos últimos 4 años.

Por otra parte, el Congreso deberá abocarse al tratamiento del proyecto de Ley de Estadística sometido tardíamente a su consideración por el Ejecutivo actual. Tardíamente porque en el decreto de designación del Lic. Todesca de diciembre de 2015 se preveía un plazo no mayor a 120 días para la preparación de dicho proyecto de ley. Transcurrieron 4 años en lugar de los 4 meses previstos.

El proyecto a consideración del Poder Legislativo tiene un antecedente inmediato en el que formulamos en 2010 los integrantes del Movimiento de Recuperación del INDEC “Lucía Vera” en conjunto con un grupo de diputados nacionales con el asesoramiento legal del constitucionalista Félix Loñ. Dicho proyecto terminaría siendo sancionado por la Cámara de Diputados a fines de dicho año pero nunca fue tratado por el Senado.

En 2015, el bloque del Frente Renovador volvió a darle estado parlamentario a dicho proyecto con las firmas, entre otros, de los entonces diputados Sergio Massa y Felipe Solá.

Existen, entonces, razones para suponer que el parlamento en funciones a partir del 10 de diciembre debatirá una nueva Ley de Estadística. Es de esperar que la misma asegure: 1) autonomía funcional y autarquía financiera del organismo; 2) designación de autoridades y cargos técnicos por concurso de oposición con jurados científica y éticamente inobjetables; 3) creación de un Consejo Consultivo de Información Estadística integrado por representantes de los usuarios de la información estadística y de un Consejo Federal formado por representantes de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 4) creación en el ámbito del Congreso de la Nación de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Sistema Estadístico Nacional; 5) estricto respeto al secreto estadístico y sanciones penales para los funcionarios públicos que lo violen.

Dada la activa participación por parte de diputados de los distintos bloques en los proyectos anteriores que contenían estas providencias, es de esperar que puedan coincidir ahora en una sanción que ubique la independencia y el profesionalismo del INDEC como política de estado y sirva como un paso en la dirección de “desagrietar” la Argentina.

publicado en Clarín, 25/11/2019

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